Análisis

27.nov.2017 / 10:46 am / Haga un comentario

La seguridad de los pueblos a mi mando, es el más sagrado de los deberes”, acostumbraba a decir el héroe patrio argentino José De San Martín. Y es que en su visión de gobernante, le correspondía al Estado garantizar el bienestar de todos.

En la actualidad también es cierto que la seguridad es una obligación del Estado. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación dice en su artículo 8 que “El Estado debe fortalecer, a través de sus órganos gubernamentales, la institucionalidad democrática sobre la base de la pluralidad política y la libre participación ciudadana en los asuntos públicos, por medio de los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes, apoyándose en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública y en el principio de corresponsabilidad que rige la seguridad de la Nación”.

Y cuando se habla de Estado nos incluimos todos, cada uno de los ciudadanos, las organizaciones e instituciones, los funcionarios públicos y hasta las empresas privadas.

En ese sentido cuando hablamos de quién es responsable de la seguridad, evidentemente todos estamos involucrados.

A nosotros como administradores electos, nos corresponde garantizar la activación de los 213 cuadrantes de Paz, además de aumentar la fuerza policial mermada de 900 a 10 mil policías, como lo establecen los estándares internacionales, quienes serán formados en la Universidad de la Seguridad.

También, conjuntamente con  el Gobierno Nacional, lograremos dotarlos con los equipos y vehículos necesarios, así como establecer las acciones conjuntas con los otros cuerpos de seguridad del Estado.

Pero eso no es todo, partiendo de la noción de corresponsabilidad establecida en nuestra Carta Magna, toda la sociedad debe velar por la seguridad de la familia mirandina: por la garantía del derecho a la vida, los servicios básicos, la vivienda, la salud, la asistencia social, el trabajo, la educación, la cultura y el deporte.

Y en esa acción debemos convertirnos en un todo sólido. Hoy estamos trabajando juntos por una Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el estado, en tanto es impostergable la adopción de medidas y planes que contribuyan a revertir el escenario de violencia en el que convirtieron a Miranda. En ella se ha tomado la convivencia como pilar para el desarrollo de cada uno de nosotros, indispensable para la sana interacción entre los ciudadanos.

Quiero aprovechar e invitarlos a sumarse al debate de este maravilloso instrumento para nuestro estado, que junto a otras de las leyes del Poder Popular, legado del presidente Hugo Chávez, llegará a profundizar la noción de corresponsabilidad.

Pronto la inseguridad mirandina habrá quedado en el ayer, y juntos habremos conquistado una tierra de paz, de justicia y de seguridad. Una garantía para nuestras nuevas generaciones.

 

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