Durante una Mesa de Discusión en el Palacio de Miraflores, conducida por el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, participaron la abogada y Primera Combatiente, Cilia Flores; el abogado y escritor Luis Britto García, la abogada y vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez y el vicepresidente sectorial para Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López.
El también Ministro para la Comunicación y la Información recordó que para esta operación las investigaciones han revelado un triángulo criminal que incluye la participación de la extrema derecha venezolana, así como la participación, amparo y acompañamiento del hegemón mundial de la administración de Donald Trump y el Gobierno de Iván Duque, la utilización del territorio colombiano para planificar actos violentos y reñidos con la coexistencia pacífica entre naciones y el derecho internacional. Por último, la utilización del narcotráfico para la provisión de los elementos logísticos, vías de escape, transporte, zonas de entrenamiento, compra de armas y vehículos artillados para perpetrar estos planes terroristas.
Guaidó dependía de la autorización del Departamento del Tesoro de EE.UU. para disponer de recursos robados a Venezuela
La primera intervención estuvo a cargo de Luis Britto García, quien señaló que lo que supone ser un pacto mafioso, fue suscrito sin la menor vergüenza por representantes de alguna oposición venezolana y una empresa privada extranjera que actúa bajo apoyo y financiamiento de gobernantes imperiales. Aseguró que el objeto era la liquidación física de los venezolanos y el cobro de dólares. “Se habla directamente de eliminación del Gobierno y sus principales personajes”, alertó.
Al evaluar el documento rubricado por Guaidó con la empresa mercenaria norteamericana SilverCorp, aludió que contempla el pago en divisas cuya acción no es legal en el país y aunque se ha asegurado que EE.UU. no está implicado en estos hechos, valoró que Juan Guaidó no cuente con la disposición directa de los recursos robados a Venezuela, sino que se lo tiene que autorizar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Es un contrato irrito que tiene además por objetivo la suplantación de las Fuerzas Armadas venezolanas por una banda de terroristas extranjeros por tiempo indefinido y sin ningún límite para sus actuaciones para atacar objetivos militares y civiles”, rechazó Britto García.
Toca ahora a la justicia actuar
Por su parte, la Primera Combatiente, Cilia Flores, calificó la acción de la extrema derecha como la evidente firma de la comisión del delito para tratar de llenar de sangre y muerte a Venezuela a partir de la entrega de la soberanía y la autodeterminación, cuyo propósito era convertir al país en una colonia de Estados Unidos.
“Es increíble que firmen eso, cómo van a cometer y a planificar una invasión y lo dejen plasmado con cláusulas donde puedan exigir después ante un tribunal su cumplimiento”, analizó la abogada, no sin antes preguntarse ante cuál tribunal se refería el documento hecho público por el medio estadounidense Washington Post “¿Cómo podrán exigir ese cumplimiento? ¿Exigir el magnicidio? (…) Este contrato deja a esta oposición dentro del delito, ya no es oposición son delincuentes que están agrediendo a la Patria”.
Añadió que se establecía que los mercenarios podían actuar a sus anchas para proteger sus objetivos plasmados en este contrato criminal. “Venían a invadirnos y quedaban todas las instituciones venezolanas disueltas”, precisó.
“Los mercenarios venían a tomar el control pleno del sistema de justicia”, rechazó al revelar que el documento se aseguraba de garantizar la impunidad de los mercenarios contratados que venían a matar y que adicionalmente por ello, le iban a pagar 450 mil dólares a sus familiares si alguno de ellos moría, “venían por un botín: podían llevarse oro, cuentas, objetos, riquezas de Venezuela e iban a pagar el 14% de los intereses por las riquezas del país”.
Precisó que ante lo que es un documento que detallan las acciones terroristas que iniciaron contra el país, ahora le corresponde a los tribunales venezolanos, hacer justicia conforme a lo que establece la Constitución.
Vamos a emprender la defensa con acciones diplomáticas y jurídicas internacionales ante pretendida agresión contra la Patria
También la vicepresidente Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció que el “adefesio jurídico” suscrito por Guaidó-SilverCorp contempla dos graves dimensiones: instalar una guerra tercerizada en Venezuela con claras conexiones la administración de Donald Trump y la anexión de Venezuela a la jurisdicción de EE.UU.
Como parte de la segunda dimensión, explicó que el documento criminal contemplaba que la operación mercenaria ejecutara acciones basadas en las leyes del estado de Florida (EE.UU.), que contempla la pena de muerte.
Añadió que la extrema derecha socavó la constitucionalidad de Estado venezolano. Justificó tal aseveración añadiendo que el adefesio jurídico permitía la figura de un financista para dar un golpe de Estado, así como la contratación de mercenarios para ello, violentando la Carta de Naciones Unidas y la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada.
“Desde el punto de vista del derecho internacional, violenta la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza y la coacción sobre Estados soberanos”, recordó.
Añadió que En 1987 la Comisión de DD.HH. designó un relator sobre el uso de mercenarios para derrocar gobiernos soberanos, que fue aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. También en 1989 se aprobó la convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios.
“Hay un concierto para delinquir a través de esta operación mercenaria”, denunció por lo que aseguró que el Estado venezolano se defenderá con acciones diplomáticas y judiciales a nivel internacional en contra de los autores de esta agresión pretendida contra el país.
Precisó que el país acudirá ante la Corte Penal de Justicia, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para denunciar estos hechos.
Calificó como la mayor estupidez de Juan Guaidó afirmar que no rubricó los anexos del documento con el que pretendía ejecutar un magnicidio y llenar de sangre al país. En tal sentido, explicó que en el derecho se establece que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
“Todos los que firmaron el adefesio son enemigos de la Patria”
El vicepresidente sectorial para Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, calificó como traidores a la Patria a todos los que firmaron el adefesio jurídico rubricado entre Guaidó y la empresa mercenaria norteamericana Silvercorp.
“Esto no se puede calificar como una invasión, pero fue una operación militar preparada en territorio extranjero, con financiamiento extranjero, con la protección del Gobierno de EE.UU.”, denunció.
Añadió que producir una agresión de esta naturaleza, que incluía el asesinato de militares y civiles, la derogación la Constitución y el robo de los recursos del país, en medio de la batalla contra la Covid-19, se trata de un doble crimen “porque hasta las Naciones Unidas han pedido un cese al fuego.
El G/J explicó que en contraposición a estas pretendidas acciones violentas derrotadas por la unión cívico-militar-policial, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha convocado a un acuerdo humanitario entre todos los factores de la vida política del país. “Ese es el ejercicio de la política, no el ejercicio de la bala, de la violencia, de la muerte”, aludió.
“Ellos pretenden apoderarse de Venezuela para constituirla en una plataforma del poder financiero de los Estados Unidos”, sentenció.
Al referirse a la estrategia para derrotar estas acciones de violencia, explicó que la “ya un pescador había alertado a la Armada. La acción militar no se hubiese producido sin el alerta del pueblo (…) la unión cívico-militar-policial, ha sido nuestra mejor estrategia”.
Aseguró que a la fecha han sido capturados un total de 39 desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que intentaban ingresar al país por la frontera. (VTV)
