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24.Ene.2022 / 11:35 am / Haga un comentario

Diputados patriotas, acompañados del pueblo, exigieron celeridad en la causa judicial a Guaidó (AVN)

El Gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez,  sostiene que un proceso judicial al dirigente opositor Juan Guaidó, por los múltiples daños que ha causado al país, significa la defensa del sistema democrático venezolano y responde a un clamor popular.

La afirmación la hizo a propósito de la solicitud hecha por un grupo de diputados del Bloque de la Patria al Ministerio Público, este domingo, de dar celeridad a la causa contra el exparlamentario de extrema derecha, quien intentó un golpe de Estado el 23 de enero de 2019, autoproclamándose “presidente interino” del país, amén de promover el saqueo de bienes y recursos de la nación, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

“No es posible que un ciudadano aprovechándose de una investidura política, violente la Constitución y las leyes, y aún después de ser despojado de dicha investidura pretenda continuar amparándose en ella. Porque es fundamental no perder de vista que Juan Guaidó fue diputado de la República, y ese es el único cargo de elección popular que ha ejercido, el interinato es una entelequia, ilegal e ilegítima”, escribió Rodríguez este lunes en su cuenta en la red social Twitter, @Hectorodriguez.

El también vicepresidente territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para Miranda, La Guaira y Vargas, escribió que además del delito de usurpación cometido por Guaidó con la autoproclamación, promovió sanciones y bloqueo económicos “en contra de su propia Patria”, y se apoderó “de recursos que pertenecen a la nación por vías fraudulentas, amparado en la protección que le brinda el imperialismo”.

Esto, acentuó, “ha producido daños y víctimas que deben ser resarcidas, porque no hay paz sin justicia, y no hay justicia con impunidad”.

“Lo contrario sería pensar que es factible atentar contra la institucionalidad, contra la Patria y su soberanía, contra el pueblo todo y su calidad de vida, sin que ello tenga consecuencias penales, sin que el Estado de derecho y justicia actúe”, concluyó.

 

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