Horas más tarde, Bolsonaro rompió su hermético silencio y tomó postura frente a la violenta jornada: «Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla», escribió en su cuenta de Twitter.
Análisis
Después de romper un cerco policial, los simpatizantes del exmandatario derechista Jair Bolsonaro atacaron con violencia las instalaciones y golpearon a algunos efectivos que intentaron contenerlos.
En videos difundidos en redes sociales, muchos de los asistentes documentaron los destrozos y las agresiones a funcionarios policiales, aunque también circularon grabaciones en las que se veía a los uniformados en una aparente actitud pasiva mientras los manifestantes perpetraban la toma.
En pocos minutos de confusión y algarabía, en redes sociales se difundió la escena de las rotundas estructuras del arquitecto Oscar Niemeyer rodeadas por cientos de personas que pedían la dimisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y una intervención militar, apenas una semana después de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) asumiera su tercer mandato. En medio del estupor, la pregunta fue la misma: ¿cómo fue posible esa irrupción?
Un funcionario clave
Los manifestantes, identificados con el expresidente de Brasil, no aparecieron de la nada. Desde hace dos meses muchos de ellos permanecen en acampadas cercanas al Cuartel General del Ejército, donde se han congregado para desconocer el resultado de la elección más reñida de la historia del país.
Bajo las teorías de un fraude que no han podido demostrar, los radicales exigen la liberación del «código fuente» que comprobaría el supuesto amaño en los comicios pasados, que le dieron la victoria a Lula con poco más de 1 % de los votos.
Las pancartas con ese mensaje ondearon durante la toma de los tres poderes, mientras el resto del país empezaba a preguntar por los responsables de la situación. Los primeros focos se fijaron en el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, quien aseguró que había dado la orden a todas las fuerzas policiales para contener a los manifestantes.
Sin embargo, horas más tarde, el regidor anunció la destitución de su secretario de Seguridad Pública, Anderson Torres, quien se desempeñó como ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro, entre 2021 y 2022.
Rocha, además, se disculpó con Lula y con el resto de los poderes atacados durante la jornada: «Lo que pasó hoy fue inaceptable. […] Son verdaderos vándalos, verdaderos terroristas», dijo en un video difundido en las redes sociales.
Pese a las excusas, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, decidió suspender a Rocha, por 90 días, tras los acontecimientos que ocurrieron.
Según Moraes, Ibaneis tenía conocimiento de los preparativos de los hechos, ya que las acciones solo podrían ocurrir con «el consentimiento, e incluso participación efectiva de las autoridades competentes en materia de seguridad pública», recogen medios locales.
«Absolutamente nada justifica la omisión y conspiración del secretario de Seguridad Pública y del gobernador del Distrito Federal con delincuentes que previamente anunciaron que cometerían actos violentos contra los poderes constituidos», escribió el ministro.
Además, el organismo estableció el desmantelamiento inmediato del campamento de bolsonaristas frente al cuartel general del Ejército. La decisión incluye la detención en flagrancia de sus participantes.
Reportes de la prensa local aseguraban que Torres se encontraba de vacaciones en EE.UU., lo que desató una oleada de repudio y el pedido de la Procuraduría General de la Unión (AGU) para que se le procese como presunto responsable de los desmanes.
Bolsonaro, mientras tanto, sí se encuentra en EE.UU. Su viaje a territorio norteamericano ocurrió días antes del acto de investidura de Lula, lo que no solo convirtió al exmandatario en el gran ausente del traspaso, sino que selló su rotundo silencio sobre su derrota electoral.
Intervención en Brasilia
Las palabras más esperadas de la jornada fueron las de Lula. El mandatario intervino para condenar el suceso «sin precedentes en la historia» de Brasil y emitir un decreto que le permite militarizar el Distrito Federal, mediante una intervención que estará vigente hasta el próximo 31 de enero.
Ricardo García Capelli, actual secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, fue la persona nominada como interventor y entre sus atribuciones tendrá la facultad de pedir a los órganos civiles y militares, de administración pública federal, todos los medios necesarios para llevar a cabo su tarea.
Lula defendió el decreto como una medida necesaria ante la magnitud de los acontecimientos, y que comprometieron «gravemente» el orden público, atribuyendo también la responsabilidad a su antecesor.
«Esto también es su responsabilidad y de los partidos que pertenecen a él [Bolsonaro]», denunció Lula, tras recordar los discursos del ultraderechista para atacar a los poderes del Estado. Del mismo modo, afirmó que si algún miembro de su Gobierno facilitó «por omisión» la acción violenta en Brasilia, tendrá que asumir lo que le corresponda ante la Justicia.
En su discurso, el mandatario adelantó que viajaría a Brasilia para verificar la magnitud de los destrozos causados en los edificios de los poderes públicos, y garantizó que este tipo de acciones no volverán a ocurrir.
«Yo perdí elecciones en el 89, yo perdí en el 94, yo perdí elecciones en el 98, y en ningún momento ustedes vieron que militantes de mi partido o de izquierda hicieran cualquier humillación a un presidente de la República electo», rememoró el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT).
Retoma, detenciones e investigaciones
Tras la intervención del presidente brasileño, voceros del Congreso se sumaron a las voces de repudio a los actos vandálicos, mientras que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le dio un espaldarazo a la decisión de las autoridades federales en la capital.
Poco después, medios locales anunciaron la retoma de las instalaciones, mientras que la Policía Civil confirmó la detención de 300 manifestantes.
Entretanto, el Partido Liberal —que abanderó a Bolsonaro— se deslindó de las protestas violentas, aunque en un tono ambiguo reivindicó la acampada al frente del Cuartel.
«Es una vergüenza para todos nosotros, no representan a nuestro partido ni a Bolsonaro», aseveró el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, en un pronunciamiento divulgado en redes sociales. En ese video, el vocero aseguró que los movimientos protagonizados por los militantes bolsonaristas «fueron todos pacíficos».
Pero más allá de las voces de la escena política brasileña que salieron a rechazar la violencia, durante la jornada resaltó la reacción internacional para respaldar al Gobierno entrante. Países como Venezuela, México, Ecuador, Cuba, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia y España fueron los primeros en pronunciarse para condenar la irrupción del bolsonarismo contra los tres poderes y denunciar, además, el talante antidemocrático de las manifestaciones.
«Como presidente de la Celac y del Mercosur, pongo en alerta a los países miembros para que nos unamos en esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil», indicó el presidente argentino, Alberto Fernández.
El expresidente aseguró que a lo largo de su mandato «siempre» se mantuvo «dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad».
Además, expresó su «repudio» a las acusaciones «sin pruebas», que le atribuye el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, en relación con un intento de golpe de Estado.
Así, a menos de una semana de haber asumido su tercer mandato, Lula enfrenta su primera gran crisis política con un movimiento que muestra músculo para develar la fractura política de Brasil, mientras el líder de una parte de la grieta se encuentra en EE.UU.
