Análisis / Juventud

2.mar.2016 / 02:02 pm / Haga un comentario

Como era de esperarse, los agentes de la derecha que representan al empresariado y a la oligarquía criolla en la Asamblea Nacional, acaban de sacar de sus tragicómicos sombreros de magos devaluados, otra perturbadora ley digna de Ripley o de American Horror Story.

Los desquiciados diputados de la derecha ahora se han presentado con un nuevo paquete chileno, llamado “Ley para la activación y fortalecimiento de la Producción Nacional”. Rimbombante nombre, solo para embaucar a los incautos y despistados venezolanos que aún creen en la candidez de estos buitres depredadores.

Desde lejos se les ve la baba saliendo de sus hocicos, se les ve frotándose las manos, imaginándose desde ya, tomando por asalto o “comprando” a precio de gallina raquítica las tierras, industrias y empresas estratégicas que hoy están en manos del pueblo y que forman parte de la red de producción y distribución estatal conquistadas por la Revolución Bolivariana.

Esta norma legal presentada por los diputados de la derecha, debería llamarse Ley de Asalto y Rebatiña a los activos del pueblo. Su ambición desmedida les impide disimular el burdo saqueo que pretenden implementar. Los artículos de esta ley no tienen desperdicio. Parecen escritos de puño y letra por la voraz cúpula de Fedecamaras, Fedenaga y otras corporaciones afines. Han copiado fielmente todos sus puntos y comas. La oligarquía depredadora ha emitido sus órdenes: ejecutar una piñata, la rebatiña y el saqueo. Esto es lo que los muy “desinteresados” patronos pretenden aplicar, para así retomar el control del sistema económico en beneficio exclusivo de sus hambrientos y voraces bolsillos.

Los patronos han hablado a través de sus empleados y lacayos en la Asamblea Nacional. Por eso esta propuesta de ley los representa a cabalidad. Examinemos su contenido y algunos artículos.

Desde la propia Exposición de Motivos se observa el descaro y la desfachatez. La derecha grita histéricamente “Necesitamos un nuevo modelo económico que logre vencer la inflación y derrotar la escasez”, pero no menciona por ningún lado que la Guerra Económica es producto de sus recurrentes acciones de saboteo contra el aparato productivo, de la especulación, el contrabando de extracción y el bachaqueo. Todo esto ha estado dirigido y organizado por ellos. Pero jamás harán mea culpa ni asumirán sus responsabilidades.

Desde el propio artículo 1 ya se les cae la careta. Simulan que sus intenciones son “promover la producción nacional de bienes y servicios para generar ahorro en divisas, contribuyendo de esa forma a la reactivación del aparato productivo Nacional”, pero por ningún lado mencionan la enorme fuga de capitales que por años ha ejecutado con precisión la oligarquía parasitaría. Esta gente ha estado acostumbrada a vivir de la renta petrolera, sustrayendo las divisas para su exclusivo beneficio. ¿Serían capaces estos diputados de la derecha de exhortar en el articulado a las grandes burguesías que repatrien sus capitales? Pues no, temblaría el cielo antes por tamaña blasfemia. No harán nada que incomode o afecte las tracalerías financieras con que la burguesía protege sus capitales. Con esta gente sí que no se atreven a meterse los diputados lacayos.

La ambiciosa derecha ha puesto por escrito desfachateces que nunca antes se había atrevido a ejecutar nadie en el mundo. Que el Estado ceda y renuncie a sus competencias en temas sanitarios, de metrología o de control de calidad es algo insólito. Por eso es perturbador que la derecha quiera (artículo 3) “agilizar” la producción nacional, creando un peligroso “régimen de control posterior”, donde el empresariado hará lo que mejor le convenga, como cambiar o modificar el contenido o ingredientes de los alimentos, saltarse los procesos y las normas sanitarias, cambiar empaques, marcas, pesos, etc.; y solo deberá “notificar” a la autoridad competente. Es decir, la derecha pretende que el Estado quede subordinado a los antojos, conveniencias e intereses de las empresas privadas. Este desquiciado artículo, deroga en la práctica todas las atribuciones del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud (regulación sobre los productos y servicios de uso y consumo humano), de SENCAMER (Normalización y Control de Calidad) o del SAPI (Derechos de Autor, Marcas y Patentes), además de violar las normas internacionales establecidas por la FAO y la Organización Mundial de la Salud en el Codex Alimentarius, creadas para lograr “normas alimentarias internacionales armonizadas, que protegen la salud de los consumidores y fomentan prácticas leales en el comercio de los alimentos”.

La derecha también pretende “saltarse” permanentemente las normas laborales, de seguridad industrial, tributarias y de importación. Por eso, en el artículo 4, se inventaron un conveniente disparate denominado “extensión automática” para todos los permisos y autorizaciones legales. Destaca y asombra que se pretenda evadir el cumplimiento de los compromisos laborales, al decretar la “extensión” del patrono para renovar la Solvencia Laboral (instrumento que garantiza que las empresas están al día con sus responsabilidades y obligaciones con los trabajadores) o la necesidad de “prescindir” de la renovación del Permiso de Bomberos (que garantiza las condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento de las instalaciones). Pero estas renovaciones automáticas no son nada en comparación a la desfachatez de los rolos e vivos empresarios, que en el artículo 5 se otorgan una humilde rebajita del 30% del monto a pagar por concepto de impuesto sobre la renta; o en el artículo 8, que para “simplificar los procesos de importación” los empresarios se otorgan a sí mismos “un régimen en especial extensión de la vigencia y exigibilidad de los certificados de no producción nacional o producción nacional insuficiente”, con el fin de que nadie controle lo que ellos deseen importar. Todo a su exclusivo criterio y discreción. Esto representa la subyugación y sumisión total de las competencias del Estado. Ni en el Imperio Norteamericano son tan radicales y extremistas aplicando las recetas Neoliberales.

Pero como nada es desinteresado y todo tiene un trasfondo en billetes verdes (darle duro a la piñata), los empresarios ordenan (artículo 10) que las instituciones del Estado les presenten un “Plan de Refinanciamiento de las deudas contraídas con proveedores internacionales”, sin mencionar el término auditoria por ningún lado, para revisar primero todos los años que tiene la oligarquía parasitaria subfacturando, sobrefacturando o simulando importaciones, haciendo el carrusel y cuanta tracalería se les haya ocurrido, llevándose los dólares del país y sin traer, en la mayoría de los casos, ni un solo de esos supuestos productos adquiridos con dólares preferenciales.

La derecha también quiere meternos otro paquete chileno, ya que señala (artículo 11) que “Bajo el presente régimen especial todas las personas naturales y jurídicas podrán retener hasta el cien por ciento (100%) de los ingresos que perciban en divisas, en razón de las exportaciones realizadas”. Ahora sí es verdad que la oligarquía parasitaria nunca más en la vida va a repatriar sus capitales. Esta gente no va a traer ni un solo dólar al país, esta gente es apátrida, solo quiere esquilmar al pueblo y son excepcionalmente creativos para crear formas de perforar y violar las normas, siempre en beneficio de sus bolsillos y sus abultadas cuentas bancarías.

Como salido de un cuento de hadas, la afanosa e insaciable derecha, cual alimaña depredadora, sin pena ni vergüenza, propone en el artículo 13 que los precios fijados por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos “podrán ser modificados por los productores cada dos (2) meses, aplicando el método de ajuste de precio” y estará “sometido a la revisión posterior”. Esto es casi un chiste de humor negro, zamuro cuidando carne. Que desfachatez y descaro. La derecha en la Asamblea Nacional pretende que el Estado este arrodillado y subordinado frente al empresario depredador. Este es el sueño neoliberal hecho realidad: “el interesado” “informa” a la Superintendencia “el precio establecido” que desea para sus productos. Que locura. Para eso que deroguen de una vez la política de Control de Precios, o mejor que eliminen todas las competencias del Ejecutivo Nacional e impongan una dictadura parlamentaria.

Esto no es descabellado, solo hay que fijarse en lo señalado el artículo 15 donde crean una “Comisión Especial” Supra Estado, que suplanta y sustituye las competencias del Ejecutivo Nacional, al darle tareas como la de “Activar la producción e impulsar el fortalecimiento de la misma” o el tremendo negocio de “Ordenar al Ejecutivo Nacional la asignación de derechos de gestión y administración a personas naturales y jurídicas del derecho privado de las empresas, tierras, bienes, plantas de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva, que haya sido adquiridas por el Estado o que en el pasado han sido objeto de alguna medida…”. Esto es una rebatiña. No tiene otro nombre. Pero se pone peor. La monárquica “Comisión Especial” Supra Estado, “ordenará al Ejecutivo Nacional” “el otorgamiento a un tercero del derecho a gestionar la empresa, tierra de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva…”, previa “…verificación de que el interesado cuenta con la capacidad financiera y experiencia necesarias para alcanzar esos fines” (Artículo 19). La locura privatizadora. Una comisión monárquica usurpando funciones del Ejecutivo, entregando los activos del Estado, del pueblo y principalmente de los trabajadores a empresarios y terratenientes de la oligarquía depredadora.

Tamaña irresponsabilidad y desfachatez de la derecha. Esta “Comisión Especial”, llena de comisionistas, de seguro “recomendará entregar” gratuitamente las empresas del Estado y las tierras de los campesinos a sus “amigos” y socios financistas. Deberían mejorar y sincerar la redacción colocando que cada diputado ganadero, militante de la extrema derecha, podrá “adoptar o asilar” en sus respectivas fincas, un generoso lote de ganado doble propósito, para su uso y beneficio exclusivo. Claro, en la exposición de motivos se colocará que es por razones humanitarias, para salvar y engordar a las “esqueletudas” vacas.

Esta derecha cree que hemos olvidado quiénes son. No existe un solo artículo honesto o que traiga beneficios para el país en sus maléficas leyes. Ellos son los mismos que han saqueado al país y han esquilmado por décadas al pueblo y a la clase trabajadora. Quebraron cientos de empresas como los centrales azucareros, las industrias textiles o de alimentos, huyendo del país sin pagarle las prestaciones sociales a sus trabajadores. El único aporte de la oligarquía parasitaria al país es el saqueo, la estafa, la usura y la explotación.

No nos dejemos engañar. La mayoría adeco-fascista de la Asamblea Nacional solo defiende los intereses de la burguesía. Trabajadores y pueblo alerta, a defender los derechos conquistados.

 

Richard Canan

Sociólogo

@richardcanan

 

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