ESPECIAL PRENSA PRESIDENCIAL.-  Con el uso de los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente, Nicolás Maduro Moros, en pleno uso de sus atribuciones, firmó el decreto de convocatoria de la ANC, con el fin de acabar los ataques terroristas surgidos durante los meses entre abril y julio del año 2017 por la ultraderecha venezolana, quienes fomentaron -de manera incesante- caos, violencia y hasta la muerte de venezolanos, rehusándose a participar en las mesas de diálogo a favor de la paz definitiva.

A pesar de las amenazas y agresiones de la derecha fascista, el pueblo venezolano eligió con el voto soberano a la nueva ANC y el 30 de julio de 2017 se instaló el poder originario, el propósito: la paz, la justicia social y el perfeccionamiento del máximo instrumento jurídico de la nación, nuestra Carta Magna.

A seis días de su instalación, la ANC removió de su cargo a Luisa Ortega Díaz, quien fungía como Fiscal General de la República, a quien meses más tarde se le comprobarían hechos de corrupción y abierta acción conspirativa en contra del gobierno legítimamente constituido.

El Poder Plenipotenciario creó la Ley Constituyente del Conglomerado Agrosur, cuyo fin es “la orientación, planificación, ejecución y fines, en la producción, industrialización, comercialización y financiamiento de bienes y servicios agrícolas, sobre la base de criterios de cooperación y máxima eficiencia, a través de una organización racional adaptada a las necesidades sectoriales y las particularidades regionales y locales, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria”; normativa que entró en vigencia el 6 de noviembre de 2017 mediante Gaceta Oficial 41.272.

Promoción de la tolerancia y el respeto

El miércoles 8 de noviembre de 2017 en Gaceta Oficial número 41.274, la ANC aprobó la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para “contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los Derechos Humanos (DDHH), favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación”.

Esta ley surge de los abominables actos de violencia producidos por sectores de la extrema derecha en actos vandálicos (guarimbas) perpetrados en el país entre abril y julio de 2017, donde no solo destrozaron instituciones y bienes públicos sino que además se dejó un saldo de más de 160 fallecidos.

Los valores y principios de este instrumento jurídico están establecidos en el artículo 2, “la actuación del Estado y la sociedad dirigida a promover y garantizar la convivencia pacífica se regirá por los siguientes valores y principios, de preeminencia de los derechos humanos, vida, paz, amor,  democracia,  convivencia,  libertad,  igualdad y no discriminación,  fraternidad, justicia, igualdad y  equidad de género, hermandad, diversidad, reconocimiento, respeto, tolerancia, solidaridad,  pluralidad, corresponsabilidad”.

Régimen tributario

Según Gaceta Oficial número 41.305 de fecha 21 de diciembre de 2017, nace la Ley Constitucional sobre la Creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria, “para determinar el monto de las multas y sanciones pecuniarias cuya base de cálculo esté prevista en Unidades Tributarias, en los respectivos instrumentos normativos que las prevén, la cual se denomina Unidad Tributaria Sancionatoria”.

Siguiendo la cronología de leyes aprobadas, el 29 de diciembre de 2017 entró en vigencia la Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero, para el régimen tributario en cuanto a los impuestos aplicables a la explotación de minerales en el Arco Minero del Orinoco, “aplicable a los enriquecimientos netos de fuente territorial obtenidos de la venta de oro al Banco Central de Venezuela (BCV) o a los sujetos que éste autorice con arreglo a lo previsto en el artículo 31 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos, extraído en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, por los sujetos que se mencionan a continuación:

1. Los institutos públicos, corporaciones o empresas de su exclusiva propiedad o filiales de éstas cuyo capital social le pertenezca en su totalidad a la República Bolivariana de Venezuela y hayan sido creadas para tal fin; así como empresas en cuyo capital participen aquéllas y el Banco Central de Venezuela en los términos establecidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos.
2. Las Empresas Mixtas, en las cuales la República Bolivariana de Venezuela tenga una participación no menor del cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital social.
3. Las Alianzas Estratégicas conformadas entre la República Bolivariana de      Venezuela y unidades  de  producción,  organizaciones socioproductivas, sociedades y demás formas de asociación permitidas por  la ley,  las  cuales  estarán  orientadas  a  la  actividad  de  pequeña minería, debidamente inscritas en el Registro Único Minero”, de acuerdo a lo establecido en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.310.

Inversión extranjera y combate a la guerra económica

La ANC además aprobadó la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, en aras de regular las inversiones internacionales en bienes y servicios.

“Para alcanzar el desarrollo armónico y sustentable de la Nación, promoviendo un aporte productivo y diverso de origen extranjero que contribuya a desarrollar las potencialidades productivas existentes en el país, a los fines de consolidar un marco que promueva, favorezca y otorgue seguridad jurídica a la inversión, garantice la soberanía económica y contribuya al bienestar del Pueblo” versa la norma.

A principios del 2018 otras de las tareas trazadas para los legisladores y legisladoras de la ANC fue la creación de Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes y Obras Públicas, disposiciones que serán aplicadas a la administración pública nacional, estadal y municipal.

Defensa de la soberanía

Desde su convocatoria la ANC ha promovido y aprobado una serie de decretos en defensa de la soberanía, la independencia y la democracia venezolana.

En el mes de junio del año 2018, desde el poder Plenipotenciario fue emitido el decreto en rechazo a las medidas unilaterales impuestas por la Unión Europea (UE) contra funcionarios del Estado.

Seis meses más tarde, la ANC aprobó el decreto en rechazo a la declaración del autodenominado Grupo de Lima, quienes en subordinación a las pretensiones intervencionistas promovidas por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU), pretenden socavar la democracia en el país.

Por otra parte, el Plan Vuelta a la Patria tuvo el apoyo absoluto de la ANC, con la aprobación del decreto de acompañamiento y respaldo al programa que trae de vuelta a compatriotas que emigraron y desean retornar a su país tras la adversa realidad que consiguen en otras latitudes.

¡Que viva la Constituyente!

Para la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Gladys Requena, la ANC tuvo como primera victoria la paz, ante el formato impuesto por el gobierno norteamericano para mantener al pueblo venezolano en una zozobra constante producto de agendas violentas y una constante guerra psicológica.

Durante este periodo el Poder Originario ha servido como escudo protector del pueblo, del presidente Nicolás Maduro, además de ser garante de la institucionalidad democrática en el país, ante una Asamblea Nacional que se encuentra de espaldas al país, subrayó Requena.

La ANC “es una especie de bálsamo (…) con el que nuestro pueblo volvió a conquistar la paz y reinó desde entonces la espiritualidad constituyente que es lo que le da al pueblo la fuerza para seguir venciendo. ¡Que viva la constituyente!”, concluyó.

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